La Defensoría Penal Pública es un servicio dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia.Esta institución fue creada en el año 2001, bajo el marco del nuevo Sistema de Justicia Criminal Adversarial, para proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que carezcan de abogado, asegurando de esta manera el derecho a defensa por un letrado y el debido proceso en el juicio penal. La prestación de los servicios se hace a través de abogados que forman parte de la institución y de abogados privados, contratados a través de licitaciones.

La Defensoría realiza sus acciones bajo el lema “Sin defensa, no hay justicia”. Esta frase grafica los afanes de la Defensoría Penal Pública en su conjunto;-incluyendo a quienes se han sumado al trabajo desde el ámbito privado- y permea al conjunto de los actos cotidianos de quienes trabajan en ella.

La Defensoría se esfuerza en todas las instancias para que se apliquen plenamente los principios del proceso penal: Que todo imputado sea tratado como inocente; que esté garantizado el juicio previo; que éste cuente con igualdad de fuerzas para sostener su punto de vista frente a las imputaciones que se le formulan; y que, cuando corresponda, se le aplique una sanción justa.

La Defensoría Penal Pública atiende en todo Chile, con una dotación cercana a las 600 personas, de las cuales 145 son defensores (abogados profesionales que prestan asistencia a los usuarios directos). Además, mantiene contrato con unos 300 abogados privados, a través de licitaciones públicas, para el desarrollo de su misión. La institución funciona en alrededor de 100 inmuebles en todo el país.

Misión:
La misión de la Defensoría Penal Pública es “proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, velando por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de los representados.”

Objetivos
 El objetivo central de la institución es prestar defensa penal a toda persona imputada de un delito o falta que lo requiera.

Los objetivos específicos que se derivan de ese propósito general son:
Asegurar la cobertura nacional, de carácter universal, del servicio de defensa penal pública, a través de defensores locales institucionales y defensores licitados.

Garantizar la calidad de las prestaciones del servicio de defensa penal pública, a través del cumplimiento de estándares básicos, del desarrollo de peritajes y de la adecuada atención de comparecientes a juicios y audiencias.

Asegurar el funcionamiento del sistema de licitaciones de defensa penal, a través del uso eficiente del marco presupuestario disponible y conforme a las directrices emanadas del Consejo de Licitaciones de defensa penal pública.

Definir cuáles personas deben ser atendidas gratuitamente y cuáles deben pagar por el servicio de defensa.

Informar a la comunidad nacional respecto de la forma en que se cumplen las obligaciones institucionales.

Desarrollar una gestión eficiente y eficaz de los recursos presupuestarios que le otorga el Estado.

Coordinarse con los demás actores del Sistema de Enjuiciamiento Criminal Adversarial para la adecuada marcha de éste.

Informar a la comunidad respecto de los derechos y los deberes de los detenidos e imputados.

Cuenta Pública
 A través de la Memoria Anual, la Defensoría Penal Pública entrega a la comunidad la información respecto de la labor que ha desarrollado en el último año. Incluye el balance de los servicios de defensa que entrega; la cobertura y el estado de las causas; el control de los estándares de calidad de la atención; la distribución de los recursos destinados por el Ministerio de Hacienda a la institución; los avances en materias de gestión; la dotación de personal y su capacitación; las actividades de extensión y los convenios que se han suscrito con otras entidades. Se pone especial énfasis en el trabajo que efectúa cada Defensoría Regional en su jurisdicción.

fuente: www.defensoriapenal.cl