De acuerdo al Informe Estadístico Criminal publicado por la Dirección Nacional de la Policía Técnica Judicial, durante la gestión 2001, se registraron 37.555 delitos denunciados ante sus oficinas en los nueve departamentos del país; que sumados a las denuncias y querellas no registradas y efectuadas ante las Fiscalías de Distrito, Tránsito, Aduana, FELCN y otros, nos aproximamos a 50.000 denuncias de delitos cometidos durante el 2001.
Lo que equivale a 137 delitos diarios registrados, y 4.167 mensuales. Las ciudades con mayor comportamiento delictivo, son Santa Cruz, La Paz – El Alto y Cochabamba. Los delitos mayormente denunciados, son: a) contra la propiedad (robo y hurto de especies), b) contra las personas, c) estafas financieras; y, d) delitos contra menores.
Se estima que del 100 % de las denuncias presentadas, escasamente un 20 % son judicializadas o ratificadas para su adecuado proceso investigativo y sancionatorio.
Lo anterior, se explica por varios factores, que si bien resultan difíciles de reconocer, son parte de la realidad que sufren los que acuden a una instancia de justicia como es la Policía, PTJ y la Fiscalía. Estos operadores, carecen primeramente, de unos ambientes adecuados y debidamente equipados, donde las víctimas puedan sentar su denuncia cómoda y confiablemente, dentro del marco de la reserva y confidencialidad que requiere la víctima, luego de haber sufrido violencia y trauma; sus recursos humanos, no están debidamente capacitados para brindar un trato adecuado a las víctimas. Ante esta situación, las víctimas prefieren evitarse la denominada “segunda victimización”, y terminan abandonando la denuncia pues no tienen los recursos suficientes para continuar con el esclarecimiento del hecho delictivo y no perciben la accesibilidad, seguridad, transparencia, equidad y confianza que pregonan las Leyes.
Es preciso tener en cuenta que gran parte de los delitos que se cometen (como el maltrato infantil, violencia familiar, abuso sexual, aborto, asesinatos y tantos otros), llevan en el fondo el estigma de un problema que requiere una atención compleja, integral y de mayor compromiso con la sociedad; que meramente perseguir y sancionar a los delincuentes. La víctima debe y merece volver a ser la protagonista principal de las políticas y preocupaciones fundamentales del Ministerio Público.